A Fondo la Ley de la Delegación Congresional de que cabildeará por la Estadidad para Puerto Rico

Dr. Ramón Nenadich

Para Prensa sin censura

“Para establecer la “Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico”; a los fines de disponer las reglas para la celebración de una elección especial en la que se elegirá dos (2) delegados especiales al Senado de Estados Unidos y cuatro (4) delegados especiales a la Cámara de Representantes de Estados Unidos que representarán a Puerto Rico ante el Congreso para exigir que se respete el mandato electoral a favor de la Estadidad y que se proceda a admitir a Puerto Rico como un Estado de Estados Unidos de América; disponer las facultades y deberes de dichos delegados especiales; facultar a la Comisión Estatal de Elecciones, conforme a derecho; y para otros fines relacionados.”

Desde el inicio puede observarse que esta ley tiene una maña inherente mediante la cual se pretende elegir a 2 delegados especiales al Senado de los Estados Unidos y 4 a la Cámara de Representantes.  De inmediato hay que preguntarse, ¿por qué 2 al Senado y 4 a la Cámara?  Pues, por la sencilla razón de que ese es el número de curules al que tendría derecho Puerto Rico si se llegara a convertir en estado de la Unión Norteamericana.  Y el alto liderato del Partido Nuevo Progresista (de ahora en adelante PNP), está desesperado por intentar alcanzar ese objetivo lo antes posible dado su acelerado debilitamiento político en el País.  Esta ley responde básicamente a esa realidad, la cual analizaré más adelante.  Fíjense además, que el título de la Ley es: “Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico”; es decir, lo que se pretende es ir creando las condiciones poco a poco para tratar de lograr que esa “delegación” se pueda convertir eventualmente en una oficial con voz y voto en ambas cámaras legislativas.  Otro aspecto importante de este proyecto es el de hacer que nuestro pueblo se vaya acostumbrando con el pasar del tiempo a tener una delegación “congresional” en los Estados Unidos.  Desde ese punto de vista nada más, eso sería un golpe maestro del PNP dentro de la política colonial interna, pues nadie aquí adentro podría detener las diversas acciones que esos delegados pudieran realizar en la capital federal para tratar de lograr sus propósitos.  

Una vez esa elección especial se lleve a cabo y se elijan a esos “cabilderos”, que es como los están disfrazando, revertir ese proceso será difícil y el costo económico será un peso grave para el erario público del País.  Peor será el costo político, ya que, para los efectos de la delegación, ésta tendrá el camino libre para hacer y deshacer en Washington.  Y, dado que el PNP es un partido altamente corrupto, debemos imaginar que serán muchos los millones de dólares que se le ofrecerán a los legisladores yanquis para que éstos avalen la incorporación de nuestro país a esa nación extranjera.  Después de todo, ese es el motor de la política en los Estados Unidos, al igual que aquí: el dinero y la corrupción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos la Ley hace mención a los pasados plebiscitos en los que según ellos ganó la estadidad.  A estos efectos dice: “Este mandato, ratifica lo que el Pueblo de Puerto Rico expresó en las urnas en los años 2012 y 2017. No hay excusas para oponerse a dicho mandato que fue avalado por una mayoría absoluta de los electores que ejercieron su derecho al voto. La mayoría del Pueblo avaló claramente la Estadidad en el plebiscito del 2020, por lo que no se puede argumentar el ataque infundado que algunos sectores le hicieron a la consulta del año 2012. Además, la participación en este plebiscito fue abrumadora, por lo que no se puede argumentar el ataque infundado de algunos sectores a la consulta del año 2017.”  Debe notarse la forma en que quienes fraguaron esta ley le mienten al pueblo con el único fin de acercar la brasa a su sardina, es decir, de acomodar la realidad a su irrealidad.  Todo el mundo sabe que tanto los plebiscitos de 2012 y 2017 fueron amañados y hechos para satisfacer los deseos del PNP de empujarnos la asimilación política a los Estados Unidos a como de lugar.  Lo mismo hicieron con el del 2020, en el que eliminaron de la papeleta las otras opciones de libre-determinación que debieran estar presentes en cualquier consulta que cumpla con los requisitos mínimos requeridos por el derecho internacional.  Y es que este referendo pasado, tampoco cumplió con las exigencias del derecho internacional avalado por la Organización de las Naciones Unidas en sus respectivas resoluciones.  Haré referencia a éstas más adelante.

Luego la Ley hace alusión a la supuesta igualdad que nos traerá la llamada estadidad.  A este respecto señala la misma: “La historia moderna de Puerto Rico, particularmente durante los pasados 122 años, ha tenido una constante: la desigualdad de sus residentes en comparación con los ciudadanos que residen en los demás estados. La causa de esa desigualdad es el estatus territorial de la Isla. No debemos perpetuar la desigualdad.”  (Énfasis suplido.)  Es interesante observar cómo en ningún momento el citado documento menciona la llamada desigualdad como producto del régimen colonial impuesto por los Estados Unidos sobre nuestro país desde hace 123 años.  En todo momento, los redactores de esta ley utilizan el término “territorio” para referirse a Puerto Rico.  Además, en la misma se utiliza la frase “ciudadanos que residen en los demás estados”, dando a entender que ya somos un estado de la Unión, cosa que es totalmente falsa.  Sin embargo, en sus alucinaciones por querer convertirnos en otro apéndice de ese país extranjero, desde ya nos quieren forzar a que aceptemos calladamente lo que no somos.    

En el siguiente párrafo la ley hace mención al hecho de que nuestra inferioridad política es un asunto de “derechos civiles”.  Así reza la oración: “La lucha por la igualdad no debe tener pausa. Las grandes luchas de derechos civiles, especialmente durante los pasados 100 años, no han tomado un descanso independientemente de las circunstancias históricas.”  (Énfasis suplido.)  Nuevamente, el documento falsea la realidad porque los asimilistas del patio no quieren que de ninguna manera aflore la verdad del colonialismo.  Y es que este sistema, que se basa en la opresión y explotación de los pueblos que han sido o están sometidos al mismo, no causa un problema de violación de derechos civiles, sino más allá de eso, de derechos humanos. De esta forma lo expresa la Resolución 1514 (XV) de la ONU, aprobada el 14 de diciembre de 1960 por la Asamblea General de ese organismo: “1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.”  (Énfasis suplido.)  

En este sentido es esencial diferenciar los derechos humanos de los derechos civiles.  Sobre este asunto dice “El diferenciador”: “Los derechos humanos son todas las garantías consagradas de manera universal e inalienable para todas las personas desde el momento en el que nacen, independientemente de su raza, nacionalidad o religión y están regidos por convenciones y tratados que obligan a los Estados adheridos a cumplirlos.” (Véase, eldiferenciador.com) (Énfasis suplido por eldiferenciador.com)  Como son universales e inalienables, no están sujetos a las leyes de los diferentes Estados, sino que son adquiridos desde el momento del nacimiento y están garantizados por tratados internacionales que obligan a los gobiernos firmantes de los mismos.  

A diferencia, los derechos civiles, “… son las garantías que aplican exclusivamente a los ciudadanos o residentes de un territorio determinado, su alcance es nacional y sus disposiciones y cumplimiento dependen del Estado.” (Ibid.)  A continuación incluyo esta tabla de eldiferenciador.com con un leve cambio:

Para el alto liderato del PNP, siempre ha sido un fastidio tener que reconocer la verdadera realidad colonial de nuestra patria.  No obstante, aun cuando se han visto forzados a hacer tal admisión, buscan cualquier excusa para encubrirla.  Esa es la única forma en que han podido crecer como partido y engañar al pueblo con sus constantes mentiras. Así queda demostrado en el número VI de la Ley, en el que dice lo siguiente:

“VI. Protegiendo Nuestra Cultura e Idioma

La Estadidad, lejos de relegar nuestro patrimonio cultural a un segundo plano, lo fortalecerá́. Estados Unidos es el segundo país de mayor habla hispana en el mundo. Hay 50 millones de americanos que hablan español y que residen en Estados Unidos. En ningún país sudamericano, centro americano, ni en España, hay tantos hispanoparlantes como en Estados Unidos. Sólo México tiene una población mayor. Aun así, a ningún estado se le ha requerido que establezca el inglés como su único idioma oficial.

De hecho, la Décima Enmienda a la Constitución de Estados Unidos prohíbe tal acción. En la actualidad, varias jurisdicciones en Estados Unidos continentales reconocen otros idiomas como idiomas oficiales. Sin embargo, la referida enmienda protege el poder de los estados, no de los territorios. De hecho, ya como territorio, el Congreso requirió que el idioma de enseñanza en nuestro sistema de instrucción pública fuese el inglés y ello porque la cláusula territorial –la misma que impera hoy– se lo permite. Hoy, más puertorriqueños viven en los estados que en el archipiélago y ello no ha sido impedimento para que conserven nuestra cultura y cos-tumbres.  

De igual forma, nada detendrá nuestro folklore y nuestra puertorri-queñidad. Nuestras costumbres y tradiciones se mantendrán inalteradas con la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión. Dos ejemplos de lo anterior son Hawái y Alaska, estados muy particulares y que llevan muy a fondo sus tradiciones y costumbres milenarias: adquiridas en distintas identidades nacionales que van mucho más lejanas que las nuestras, por haber sido formadas antes del encuentro con las culturas europeas.”

Esta VI parte de la Ley está plagada de mentiras y engaños, costumbre habitual de las fuerzas asimilistas cuyas tácticas han conducido a nuestro pueblo a la confusión y al desconocimiento de lo que implica realmente el colonilalismo.  La primera mentira que dice este documento es que: “La Estadidad, lejos de relegar nuestro patrimonio cultural a un segundo plano, lo fortalecerá.”  En realidad, es todo lo contrario.  La llamada estadidad acelerará el proceso de asimilación cultural que se ha llevado a cabo durante los 123 años y medio que lleva aquí la ilegal ocupación e intervención militar colonial de los Estados Unidos y esa es la realidad que vivimos actualmente.  Hoy en día una gran cantidad de personas nacidas y criadas aquí ya no hablan español.  Ahora lo que se habla es una geringonza que es difícil de entender por gente hispano-hablantes de otros países en los que el español es el idioma oficial.  Basta con ver la televisión y observar los desastres que las agencias de publicidad y las propias televisoras están haciendo con nuestra lengua en los anuncios.  Basta con escuchar a la juventud actual y a profesionales que cuando hablan usan la palabra “so” como una muletilla repugnante.  Es una especie de moda adoptada superficialmente del inglés que desfigura el español porque en nuestra lengua esa palabra tiene otros usos, como por ejemplo cuando alguien le dice a otro “so bruto” o para mandar a parar un caballo al que se le dice “so caballo”.

Igualmente falso es el argumento de que los habitantes originarios de Alaska y Hawaií son “ejemplos de lo anterior”, “…estados muy particulares y que llevan muy a fondo sus tradiciones y costumbres milenarias: adquiridas en distintas identidades nacionales que van mucho más lejanas que las nuestras, por haber sido formadas antes del encuentro con las culturas europeas.”  Esto es una total mentira.  Ya en esos estados la mayor parte de los habitantes que integran los grupos autóctonos han perdido gran parte de su cultura y casi no hablan sus respectivos idiomas naturales.  Lo mismo le ha pasado a las tribus indígenas que viven en las llamadas reservas.  Las actuales generaciones jóvenes ya no saben hablar sus idiomas y sus culturas están sumamente golpeadas por el uso del inglés.  Esto lo afirmo con conocimiento de causa porque llevo más de 20 años trabajando con ellos y viajando constantemente a sus comunidades que están sumidas en la pobreza, en el alcoholismo y las drogas.  La vida de esos pueblos indígenas es una auténtica calamidad.  De hecho, el condado más pobre de los Estados Unidos es el Zibac County, que es en el que viven los indios lakotas de Cheyenne River en Dakota del Sur, al que he viajado reiteradamente desde el año 2000.  Allí vive mi familia adoptiva porque fui adoptado como hijo por el ya fallecido jefe lakota Dave Bald Eagle en el año 2006.  

La segunda mentira es la que dice que en los Estados Unidos hay “50 millones de americanos que hablan español”.  No sólo no hay esa cantidad de personas que hablan español, sino que la mayor parte de ellas lo que habla es una lengua mixta con graves defectos de pronunciación y usos de palabras confusas.  Lo que no dice esta ley es que los mexicanos que se quedaron atrapados en los territorios que los Estados Unidos le robó a México en el siglo 19, así como las generaciones posteriores de éstos han perdido el uso adecuado del español y casi no lo hablan.  Asimismo, una inmensa mayoría de los descendientes de boricuas que emigraron a ese país desde las primeras décadas del siglo 20 ya casi no hablan español ni tienen identidad nacional boricua.  Esas generaciones ya se han asimilado casi totalmente a la cultura anglosajona estadounidense.  Realmente lo que la mayor parte de estos emigrantes hablan es espanglish, que es otra cosa, no español.      

Lo que no dice tampoco esta parte de la Ley 167 es que desde la época de la misma invasión ilegal de los Estados Unidos, nuestro idioma y cultura han estado sufriendo un deterioro considerable.  Esto ha llegado al punto que hoy día nuestra lengua materna se encuentra bajo un asedio grave y serio por parte de los medios de comunicación social, el Departamento de Educación y los gobiernos coloniales no hacen nada al respecto.  De hecho, ya desde el 1968 el profesor Germán de Granda publicó un libro bajo el título de: Transculturación e interferencia lingüística en el Puerto Rico contemporáneo, Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, en el que detalló todos los problemas que el español ha sufrido aquí desde el 1898 en adelante.  Sus conclusiones no son nada alentadoras ni para el idioma en particular ni para nuestra cultura en general. Con relación a este problema dice de Granda lo siguiente: “Es, en efecto, la falta de seguridad y confianza en los recursos lingüísticos propios, uno de los determinantes más efectivos e influyentes en el empobrecimiento y simplificación progresiva de la estructura del español en Puerto Rico.” (Ibid., p.170.)  Añade de inmediato el autor que el español que hablan los boricuas es “averiado e incapaz de manifestar suficientemente los matices más delicados o precisos del pensamiento”.  Esta situación, que es producto directo del colonialismo estadounidense impuesto sobre nuestro pueblo, genera una terrible timidez en el uso adecuado del idioma nativo por lo que éste se ve sometido a una “esclerosis” idiomática en la que se evita el uso amplio del español.  Ello ha producido un “círculo vicioso (timidez-empobrecimiento expresivo-mayor timidez-mayor empobrecimiento-expresivo) del que no se ve la salida fácilmente y que está en el origen de esa ‘lengua monótona, sin viveza, casi estereotipada’ de la que ha hablado MARGOT ARCE.” (Véase de la autora, Impresiones. Notas puertorriqueñas, San Juan, 1950, pág. 145.) (Citado por de Granda, Ibid.)

Si los gobiernos coloniales, sobre todo los del PNP, no han hecho nada hasta ahora, menos harán en el futuro.  De hecho, fue durante la administración de Pedro Roselló que se eliminó la Ley del Idioma que había aprobado el gobierno de Rafael Hernández Colón que establecía el español como único idioma oficial.  De esta forma lo reseñó el periódico El País de España:

“Puerto Rico, arrebatado a España por Estados Unidos tras la guerra hispano-norteamericana de 1898, reafirmó ayer sus raíces culturales hispanas con la declaración del español como única lengua oficial de la¡ila (sic.) [isla] en una solemne ceremonia en la que el gobernador del Estado Libre Asociado, Rafael Hernández Colón, derogó una ley de 1902, promulgada en pleno periodo colonial estadounidense, que establecía la cooficialidad del inglés y de la lengua de Cervantes como idiomas puertorriqueños.” (El País, España, 5 de abril de 1991, p.1.)  

Añade la noticia, además, lo siguiente:

“La ceremonia, celebrada significativamente en el Centro de Bellas Artes y no en la residencia del gobernador, contó con la presencia de una nutrida representación del mundo hispánico, como el director de la Real Academia Española de la Lengua, Manuel Alvar, los académicos de la Española Joaquín Calvo Sotelo, Valentín García Yebra y Francisco Ayala, y los directores de las Academias de la Lengua de Venezuela y Colombia, Pedro Diaz Seijas y Manuel Briceño. Los escritores Julián Marías, Miguel Delibes, Rafael Alberti y Mario Benedetti se unieron con el envío de cartas de adhesión, así como los ex-presidentes de México, Miguel de la Madrid, y de Costa Rica, Oscar Arias. [Camilo José Cela propuso en un mensaje tres hurras: por Puerto Rico, los puertorriqueños y el español. Mario Vargas Llosa escribió que “nunca he dudado de la profunda raigambre hispánica y latinoamericana de la cultura puertorriqueña”. Otros mensajes de felicitación fueron enviados por José Agustín Goytisolo Alfredo Bryce Echenique y Ernesto Cardenal]. (Ibid.)

Finalmente, la noticia agregó que:

“La declaración del español como idioma oficial único de Puerto Rico, con excepción de los tribunales federales donde se mantiene el inglés, ha !Ido (sic.) [sido] inmediatamente calificada p« (sic.)[por] el Partido Nuevo Progresista como “maniobra política para impedir la celebración de un referendum” para decidir el futuro de la isla. Los nuevos progresistas, liderados por el ex-gobernador Carlos Romero Barceló han anunciado que acudirán a los tribunales para impugnar la medida.

La tesis del Partido Nuevo Progresista ha sido compartida por algunos miembros del Congreso de Washington, para quienes la oficialización del españo,*1 (sic.) [español] como lengua única dificulta aún más la posibilidad de que se afronte el ya conflictivo tema del estatuto (sic.) político de la isla. El Senado norteamericano, que se opone a ofrecer a los puertorriqueños la estatalidad sin que haya sido oficialmente mayoritaria pedida por la población, rechazó en febrero un proyecto de ley que habría permitido la celebración de un plesbiscito (sic.) este año. La ley de ahora fue aprobada el jueves tras un largo debate en la Cámara de Representantes de San Juan con los votos a favor de los populares y los independentistas mientras que todos los parlamentarios del Partido Nuevo Progresista se pronunciaban en contra.” (Carlos Mendo, El País. Madrid, 5 de abril de 1991.) (Énfasis suplido.)

Como puede verse en esta nota de Carlos Mendo en el periódico El País de España, el idioma español es un obstáculo para la estadidad y ésta fue la razón principal por la que Roselló eliminó la Ley del Español durante su primer mandato.  La consecuencia de esta acción de ese gobernante entreguista fue que en el 1993 un grupo de ciudadanos convocó la famosa marcha del idioma a la que acudió, según cálculos de la policía colonial, una multitud de más de 90 mil personas.  El impacto de esta actividad se vio nueve meses más tarde cuando el PNP perdió el plebiscito que el propio Pedro Roselló promovió en noviembre de ese mismo año.  “El plebiscito de status político celebrado en Puerto Rico el 14 de noviembre de 1993 produjo un voto en favor de la continuación del Estado Libre Asociado (ELA) – status bajo el cual la Isla está vinculada a los Estados Unidos en calidad de entidad política autónoma – al obtener esta fórmula una mayoría relativa de los votos emitidos en la consulta electoral, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Estadidad, 788,296 (46.3%); ELA, 826,326 (48.6%); Independencia, 75,620 (4.4%),” (Comisión Estatal de Elecciones, Resumen de plebiscito de Status de 1993.)  

Fue obvio que en aquella época, esa acción, así como el aval dado a la misma por un grupo tan importante de personalidades ilustres de las letras hispánicas, le supo a hiel al alto liderato del PNP.  Su amargura fue tanta que Pedro Roselló se jugó la carta perdedora de convocar ese plebiscito.  Sin embargo, desde entonces ese liderato no ha podido asegurarle al pueblo que con la estadidad no se perderá nuestro idioma y nuestra cultura porque hasta hoy no han hecho nada por defenderlos.  Todo lo contrario, cada movimiento que hace el PNP es dirigido a socavarlos y afirmar la asimilación cada vez mayor de nuestra gente a la cultura estadounidense.  Ejemplos fehacientes de esto son los cambios que varios alcaldes de ese partido le han hecho a algunas ciudades como los son Guaynabo City, Aguadilla City o a algunas agencias municipales como hizo Santini en San Juan con la policía a cuyos carros les imprimió el nombre de San Juan Police, etc.  También, haber erigido varias estatuas de expresidentes de los Estados Unidos en la ala sur del Capitolio, lo que refleja una obvia identificación con esos personeros imperialistas. Tampoco hace mención la Ley a que, de ser estado, perdemos nuestra representación deportiva en juegos y competencias internacionales, así como en concursos de diversa índole a ese nivel.

Otro asunto importante que es necesario destacar es el hecho de que el “plebiscito” de noviembre pasado no sólo no cumplió con las exigencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino que más allá de eso tampoco cumplió con el derecho internacional.  Desde este punto de vista, queda claro que el PNP forzó ese referendo para tratar de atraer a su clientela política, la cual estaba descontenta por la corrupción y el trabajo deficiente realizado por su liderato.  Ambas cosas se tornaron evidentes durante los meses posteriores a los huracanes Irma y María.  En especial, esa desafiliación se profundizó durante el verano de 2019, en el que el entonces gobernador Ricardo Roselló fue sacado de su puesto por las manifestaciones masivas del pueblo.

Lo peor fue que en las pasadas elecciones el PNP perdió una parte significativa de sus afiliados, lo que lo ha convertido en un partido en desbandada.  Aun cuando Pedro Pierluisi ganó la silla de la gobernación colonial, perdieron la mayoría en ambas cámaras legislativas, así como varias de las alcaldías más importantes.  La de San Juan, que está todavía en litigio en los tribunales, la recuperaron por un escaso margen a base de trampas y fraude.  Ha sido como producto de esta realidad que el liderato de ese partido, atrincherado en la Legislatura y en la Fortaleza, forzó esa ley espúrea para tratar de crear un espacio preferencial de lucha por la asimilación que le permita un respiro ante la cruda verdad de su eventual desaparición como fuerza política mayoritaria en el País. Este carimbo ya nadie se lo quita.  Luego de tantas luchas que nuestro pueblo ha dado a favor de mantener nuestra identidad nacional, así como la cultura boricua y el idioma español, aunque atrofiado, la propuesta de la asimilación a la cultura anglosajona de los Estados Unidos es sencillamente, anti-histórica.

La Ley 167 del 30 de diciembre de 2020 no es otra cosa que un adefesio elaborado por el alto liderato del PNP ante la desesperación de la debacle ocasionada a ese partido en las elecciones de noviembre pasado. Es como agarrarse de un palillo de dientes en alta mar al sentir que se están ahogando sin un salvavidas.  Su tiempo sencillamente ya se ha cumplido, sobre todo con la escasa mayoría que obtuvieron en el referendo de Estadidad Sí o No, de apenas un 52.5 por ciento.  El 48.5 % que votó en contra de la asimilación política, es por sí sólo un muro de contención contra esa idea trasnochada y negatoria de nuestra identidad nacional.  Si a eso se agregan los cientos de miles que, aun cuando estaban inscritos para votar no votaron, más los otros miles que no votamos por principio patriótico, los números aumentan significativamente en contra de la estadidad.  Y eso lo saben en las distintas instancias del gobierno estadounidense.  Ha sido por esto que gran parte del liderato de ambos partidos políticos de ese país ha hecho expresiones en contra de que nuestro pueblo se convierta en estado de la Unión norteamericana.  

No obstante, el hecho de que el PNP logre llevar a cabo la elección especial el 16 de mayo próximo, para escoger a los representantes de la Delegación Congresional de Puerto Rico 2021-2024, implicaría que ese partido aún tendría un agarre importante en la política de los Estados Unidos.  Esto le permitiría tener un aliciente para continuar engañando a nuestro pueblo, al crearle expectativas falsas de que todavía la estadidad es viable.  Así lo dijo la Comisionada Residente colonial Jennifer González en una reciente entrevista en el periódico Metro.  Pero esto no es lo peor.  Lo que es totalmente inaudito e irrazonable es que esos seis delegados tendrán un sueldo de más de $176,000.00 dólares al año, además de otras prestaciones.  Si algo ha tenido siempre claro el liderato del PNP es que para ellos los puestos gubernamentales son para enriquecerse.  Inmoralidad y corrupción ha sido y es la norma constante en ese partido.

Finalmente, incluyo como anejo el Informe del Comité Especial de la ONU, encargado de Examinar la Situación de la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales correspondiente a 2018, específicamente la parte que tiene relación con Puerto Rico.  Este informe es sumamente claro y detallado en lo que respecta a nuestra situación colonial y desmonta el mito de la estadidad como una fórmula verdaderamente descolonizadora.  La anexión a los Estados Unidos representa en realidad la culminación del colonialismo y la misma no está contemplada en ningún estatuto de derecho internacional.  Es una acción contra natura que terminará por destruir la cultura boricua y nuestro idioma materno, el español.  

A base de todo lo establecido en este trabajo somero, la nación boricua tiene ante sí un serio desafío.  Y éste es tratar de detener la maldita elección especial del 16 de mayo próximo.  Ante tanta degeneración de nuestra política colonial, sólo nos queda un camino: el de tomar la calle como hicimos en el verano de 2019 y en el caso de Vieques.  Ésa es la única fórmula ganadora.  Los tribunales y otros cursos de acción legislativa es sólo soñar con pajaritos preñados.  El momento requiere aquello que decía Dantón en plena Revolución francesa: ¡Audacia, audacia y más audacia!  

ANEJO

Informe del Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales correspondiente a 2018 

Asamblea General
Documentos Oficiales
Septuagésimo tercer período de sesiones Suplemento núm. 23.

Parte relativa Puerto Rico:

Observando con preocupación que, a pesar de que el pueblo de Puerto Rico se expresó mayoritariamente, el 6 de noviembre de 2012, rechazando su actual condición de subordinación política, los representantes políticos de Puerto Rico y los Estados Unidos no han logrado hasta el momento poner en marcha un proceso de descolonización que se origine en Puerto Rico, en cumplimiento de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,

Tomando nota de que la consulta llevada a cabo por el Gobierno de Puerto Rico el 11 de junio de 2017, en la que, según ha informado la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, participó menos del 23% de los electores, no estaba diseñada para promover la descolonización conforme la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, 

Observando con preocupación que la presente subordinación política del pueblo puertorriqueño impide la toma de decisiones soberanas respecto a la crisis humanitaria resultante de los efectos de los huracanes Irma y María, los cuales han agravado los ya serios problemas económicos y sociales, resultando en un aumento de los niveles de pobreza en Puerto Rico del 45% hasta alrededor del 60% de la población, lo cual ha causado una migración masiva y ha afectado seriamente los esfuerzos para lograr un desarrollo económico sostenible, 

Tomando nota con preocupación que el Congreso de los Estados Unidos, invocando sus poderes plenarios bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos, impuso en junio de 2016 una Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (junta de supervisión fiscal), nombrada por el Presidente de los Estados Unidos para ejercer poderes de control plenarios sobre los funcionarios ejecutivos y legislativos electos del Gobierno de Puerto Rico en todo asunto relativo a temas fiscales, económicos y presupuestarios, así como todo lo concerniente a la restructuración de la deuda pública de Puerto Rico, todo lo cual recrudece la situación colonial del país, 

Tomando nota de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de conformidad con lo solicitado por el Departamento de Justicia de ese país, resolvió en junio de 2016, en el caso Puerto Rico c. Sánchez Valle, que la fuente original y última de la autoridad gubernamental en Puerto Rico era el Congreso de los Estados Unidos, y que cualquier concesión limitada de gobierno propio a Puerto Rico puede ser revocada unilateralmente por dicho Congreso, 

Destacando nuevamente la urgente necesidad de que los Estados Unidos propicien las condiciones necesarias para la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico, 

Tomando nota de las declaraciones de los Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, del Movimiento de Países No Alineados y del Consejo de la Internacional Socialista, que reiteran los derechos inalienables del pueblo de Puerto Rico de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que asimismo reiteran el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y su apoyo a las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial, 

Tomando nota también del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico, y de que al presente en Puerto Rico se han presentado varios proyectos legislativos a favor de la celebración de una asamblea constitucional de estatus, 

Tomando nota además de la preocupación existente en el pueblo de Puerto Rico con relación a las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, contra independentistas puertorriqueños, conocidas a partir de documentos desclasificados por organismos federales de los Estados Unidos, 

Conscientes de que la isla de Vieques (Puerto Rico) fue utilizada durante más de 60 años por la infantería de marina y las fuerzas navales de los Estados Unidos para llevar a cabo maniobras militares, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de ese municipio puertorriqueño, 

Tomando nota del consenso que existe en el pueblo y Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de que se limpien, descontaminen y devuelvan al pueblo de Puerto Rico todas las tierras anteriormente utilizadas para maniobras e instalaciones militares y de que se utilicen para el desarrollo social y económico de Puerto Rico, así como sobre la lentitud de ese proceso hasta el momento, 

Tomando nota también de las denuncias hechas constantemente por los habitantes de la isla de Vieques de que se siguen detonando bombas y utilizando la quema abierta como método de limpieza, agravando así los problemas de salud y contaminación ya existentes y poniendo en riesgo la vida de civiles, 

Tomando nota además que en el documento final de la XVII Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en la Isla Margarita (República Bolivariana de Venezuela), el 17 y 18 de septiembre de 2016, y en otras reuniones del Movimiento de los Países No Alineados, se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; se insta al Gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de acelerar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia y a devolver el territorio y las instalaciones ocupadas en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña, y se insta a la Asamblea General a examinar activamente la cuestión de Puerto Rico en todos sus aspectos, 

Habiendo escuchado las declaraciones y los testimonios representativos de diversas tendencias del pueblo puertorriqueño y sus instituciones sociales, 

Habiendo examinado el informe del Relator del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a Puerto Rico1, 

1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico, y que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional; 

2. Exhorta nuevamente al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de acelerar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia, de conformidad y en pleno cumplimiento con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico, y que pueda, de manera soberana, tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales, incluidos el desempleo, la marginalización, la insolvencia y la pobreza, y los problemas relativos a la educación y a la salud, los cuales han sido agravadas tras el azote de los huracanes Irma y María; 

3. Observa con preocupación que, en virtud de la decisión del Congreso de los Estados Unidos, a través de la ley de supervisión, gestión y estabilidad económica de Puerto Rico que crea la Junta de Supervisión y Administración Financiera, se haya reducido aún más el ya menguado ámbito en que se desenvuelve el régimen de subordinación política y económica que ha prevalecido en Puerto Rico; 

4. Observa el amplio apoyo a la independencia de Puerto Rico demostrado por personalidades, gobiernos y fuerzas políticas de América Latina y el Caribe; 

5. Observa nuevamente el debate que existe en Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de representantes de todos los sectores de opinión puertorriqueños, entre ellos una asamblea constitucional sobre la cuestión del estatus basada en las alternativas de descolonización reconocidas por el derecho internacional, consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico; 

6. Expresa profunda preocupación por las acciones llevadas a cabo contra independentistas puertorriqueños y alienta a que se investiguen esas acciones, con el rigor necesario y la cooperación de las autoridades competentes; 

7. Solicita a la Asamblea General que examine, de manera amplia y en todos los aspectos, la cuestión de Puerto Rico, y se pronuncie sobre la misma lo antes posible; 

8. Insta al Gobierno de los Estados Unidos a que, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho a la libre determinación y la protección de sus derechos humanos, complete la devolución al pueblo de Puerto Rico de toda la tierra ocupada por sus fuerzas militares en territorios de Puerto Rico, en particular las instalaciones de la isla de Vieques y Ceiba, respete los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y al desarrollo económico, y acelere la ejecución y asuma los costos del proceso de limpieza y descontaminación de las áreas anteriormente utilizadas en las maniobras militares mediante métodos que no continúen agravando las serias consecuencias de su actividad militar para proteger la salud de los habitantes de la isla de Vieques y el medio ambiente; 

9. Toma nota con satisfacción del informe preparado por el Relator del Comité Especial en cumplimiento de lo dispuesto en su resolución de 19 de junio de 20171; 

10. Solicita al Relator que le informe en 2018 sobre la aplicación de la presente resolución, incluyendo nuevos acontecimientos relevantes a un proceso de descolonización de Puerto Rico, de conformidad con la resolución 1514 (XV); 

11. Decide mantener en constante examen la cuestión de Puerto Rico. 

 

         

 

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